Ávila tenía síntomas de coronavirus y aun así asistió a asados y reuniones familiares. Se lo juzgó en un juicio abreviado y admitió su responsabilidad.
Tres años de prisión en suspenso, esa es la pena que la Justicia de Santiago del Estero le impuso a un hombre acusado de generar una ola de contagios de COVID-19 en esa provincia. Pese a que tenía síntomas compatibles con la enfermedad, Luis Gerardo Ávila, conocido como el “Paciente 41”, fue a varios asados y reuniones familiares rompiendo todos los protocolos de la cuarentena hasta que él tuvo que ser internado.
El hombre, que es empleado, municipal, fue condenado el pasado jueves tras haber sido considerado culpable del delito de “propagación culposa de enfermedad peligrosa y contagiosa”, al infringir los artículos 203 y 205 del Código Penal y los decretos dictados por el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia.
El fiscal del caso contó que aunque tuvo síntomas y un médico le recomendó hacer reposo, Ávila siguió con su vida prácticamente normal, atribuyendo el dolor de garganta y la falta de aire que padecía con el asma y la alergia que sufre desde que era pequeño. “Tuvo contacto con su exmujer y con sus hijos, que también fueron contagiados”, reveló Robles y agregó que participó de un asado junto a otras ocho personas, una reunión de ex compañeros de escuela, almorzó varias veces con su mamá y hasta se sumó a una reunión en la casa de su hija para festejar los primeros tres meses de vida de su nieto.
El caso de Ávila tuvo repercusión nacional en agosto cuando el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, apuntó a que en la provincia los contagios de coronavirus se producían por “personas que han hecho reuniones sociales”. El funcionario informó que 94 familias estaban aisladas por su vínculo con el “Paciente 41”, el ahora condenado que permanece internado desde el 3 de agosto pasado en el Hospital Independencia de la capital santiagueña.
La audiencia se realizó de manera virtual y de manera abreviada, con un acuerdo entre el propio magistrado, la defensa de Ávila, a cargo de Francisco Palau; y la jueza de Control y Garantías, María Pía Danielsen.
