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Todos somos Amado

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Cuatro reflexiones sobre lawfare, a propósito de la confirmación de la condena y el abrazo militante a Amado Boudou

Por Gastón Garriga

Uno. Amado los expone. Es sabido y repetido hasta el hartazgo que “Amado sufre persecución judicial por habérsele animado al grupo Clarín, es una vendetta porque terminó con el curro de venderle acciones sobrevaluadas a las AFJP, o sea a nosotros, a nuestros viejos, etc.”. Cierto, pero incompleto. 

A Amado se lo castiga por algo más. Es blanco, universitario, nacido en un hogar de clase media acomodada. Pudo haber elegido cualquier destino para su vida. Eligió la defensa de los sectores populares y la soberanía, abrazó el peronismo. Es un ejemplo peligrosísimo. 

Entre esas opciones de vida, pudo haber sido como estos Pumas: racista, elitista, misógino, pero eligió exactamente lo opuesto. Y esa decisión demuestra que la formación condiciona pero no determina y que, aún con condicionamientos a cuestas, somos a cada paso sujetos conscientes y responsables de nuestros actos. Tal vez por eso la militancia lo quiere -lo queremos- tanto. No sólo porque mejoró la calidad de vida de nuestros viejos.

Dos. Las cosas por su nombre: “ley del mercachifle”. La condena en la causa Ciccone no se basa en evidencia material sino en un testimonio. Apenas un testimonio, de alguien que nunca conoció a Amado y que recibió, a cambio de su delación, como pago comprobado, un hotel en Mendoza. 

Este engendro mal llamado “ley del arrepentido”, está basado en cierta tradición del derecho estadounidense, que ellos mismos llaman bargaining (regateo o negociación). Esto es, un sistema de premios o castigos y amenazas para dirigir los testimonios, mucho más enfocado en lograr condenas que en llegar a la verdad. 

Esta ley otorga una enorme discrecionalidad a jueces y fiscales, que sin contralor ni rendición de cuentas, pueden decidir la suerte de un ciudadano, con total independencia de los hechos. Pobre del que se haya agarrado a piñas en un recreo de la escuela con Rosenkrantz o quien en su juventud haya bailado con la chica que le gustaba  a Bruglia o Bertuzzi.

Tres. ¿Y? ¿Para cuándo? Está claro que desarmar la trampa del lawfare es complejo y que la solución no puede ser comerse al caníbal. Los presos políticos no quieren un indulto presidencial: quieren -y merecen- un juicio justo que les permita limpiar su nombre y, luego, accionar sobre los delincuentes que enlodan al poder judicial. 

Pero entre el indulto presidencial y la resignación hay opciones. Las que ofrece la política. Iniciativa, movilización popular, una enorme batería de gestos y recursos reposan en manos del ejecutivo nacional. Lo primero es empezar a hablar del tema, asignarle prioridad. 

El gobierno debe entender que del lado de enfrente no hay caballeros, sino miserables capaces de apuñalar por la espalda y echar mano de toda clase de recursos con tal de salvar sus privilegios. Lo cortés no quita -no debe quitar- lo valiente. Tal vez la decisión de suspender las PASO marque el sendero de una nueva etapa de realpolitik: respetar la institucionalidad para no convertirnos en aquello mismo que aborrecemos, pero fijar y defender con el lomo objetivos políticos relevantes para la mayoría de los argentinos, que espera ansiosa que el Frente de Todos cumpla su contrato electoral.

Cuatro. A militar. Los proyectos se militan, dentro, pero sobre todo fuera del palacio. Vicentín no llegó ni a la mesa de entrada de la cámara. Muchos diputados supieron de la expropiación por los medios. No se puede bancar lo que se desconoce. 

El aporte extraordinario es un contraejemplo, o un ejemplo por la positiva. Se demoró, pero en esos meses cosechó enorme apoyo popular, leído y vivido como presión del otro lado. ¿Y si la misma energía se pone al servicio de la destitución del procurador interino Casal? No habremos desmontado con eso el infame aparato, pero habremos sacado la primera pieza y una de las más importantes.

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