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Asesinó a su pareja y quiso que creyeran que fue un accidente

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Compungido, al borde del llanto, Lauro Humberto “Quity” Ramos aseguró que la muerte de Alejandra Marcela Martínez, su pareja de 38 años que falleció de un tiro en la cabeza el jueves en el barrio Las Palmas de la ciudad de Famaillá, provincia de Tucumán, fue algo accidental.

Según lo que declaró ante el juez Mario Velazquez, le pidió a la mujer que sostuviera el arma que él había llevado hasta la casa de la víctima y en ese momento se produjo el disparo de manera fortuita. Pero el juez no le creyó. Sobre todo por los otros testimonios que escuchó el sábado en la audiencia.

El de más peso fue de la hija de Alejandra. “Mi madre vivía una pesadilla. Ella sabía que él tarde o temprano la mataría”, declaró Martína, quien describió a “Quity” como un monstruo, capaz de agredir a toda la familia y hasta de comerse toda la comida para que los hijos de su pareja no tuvieran con qué alimentarse.

La joven aseguró que tiene videos y mensajes de su madre que prueban lo que dijo y sostuvo que con o sin alcohol en la sangre, el sujeto siempre ejercía violencia contra la víctima. Incluso recordó una vez que lo hizo delante de gente, en el centro de Famaillá.

La fiscal Mónica García de Targa usó ese relato y las pruebas y antecedentes recolectados como base para recrear lo siucedido. Según dijo el asesino llegó ebrio a la casa de su pareja y le disparó después de discutir con ella. El hijo de Alejandra, José Martínez, salió en su ayuda al escuchar la detonación.

Matínez Forcejeó con Ramos hasta que le quitó el arma, pero no pudo impedir su escape. Mientras, el cuerpo de su madre yacía sobre una silla plástica, ya sin vida.

El femicida es empleado de la Municipalidad de Famaillá, tiene antecedentes por robo agravado y una condena por evasión de la comisaría de Monteros, además de una fuga de una cárcel en Mendoza donde purgaba condena de cuatro años.

Los testimonios, las pruebas y los antecedentes no ayudaron a la defensora Raquel Asis, quien sólo consiguió que la prisión preventiva de seis meses que solicitó la fiscal se redujera a 120 días.

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