Luego de pasar cinco meses en prisión, la Justicia excarceló a Ronaldinho Gaúcho. El ex futbolista había sido detenido en marzo por ingresar a Paraguay con documentación falsa. No obstante, el magistrado decidió darle el derecho de la libertad a él y a su hermano, Roberto de Assis Moreira, quienes ahora viajarán a Río de Janeiro.
La Fiscalía había destacado en su escrito que Ronaldinho no participó del plan de fabricación de los pasaportes y cédula de identidad paraguayos de contenido falso que les fueron incautados. De su hermano, dijeron que “no surgen indicadores de que tenga rasgos personales o de conducta criminales que en un ámbito de libertad reglada ponga en peligro a la sociedad”.
De esta manera, Dinho, campeón del Mundial 2002, fue beneficiado con la “suspensión condicional del procedimiento” ya que la expectativa de pena no excede de los dos años. Además, acordó el pago de 90.000 dólares en efectivo como reparación del daño social ocasionado por su conducta. El dinero será destinado a la Universidad Nacional de Asunción, al Hospital de Clínicas y a la campaña solidaria “Todos Somos Bianca”, una niña que sufre una atrofia muscular espinal y necesita comprar una medicación especial para salvar su vida.
Para que esto se mantenga, el ex futbolista está obligado a informar su domicilio fiscal y su número de teléfono personal durante un año, aunque tiene todo el derecho de cambiarlo si quiere, siempre y cuando le avise a la Justicia. A su vez, el magistrado dejó en claro que está en libertad de viajar a cualquier parte del mundo que desee y ya no estará obligado a comparecer por esta causa.
En cambio, para su hermano Roberto, el juez permitió suspender la condena a prueba. “La Justicia paraguaya te condena a dos años por el uso de estos documentos falsos, pero también te beneficia con la suspensión de esta condena a prueba”, explicó el magistrado. Entre las condiciones se destacan mantener el domicilio real y el número de teléfono, para no perder conectividad. A su vez, ordenó el pago de 110.000 dólares como reparación y la obligación de comparecer cada cuatro meses por espacio de dos años ante el juzgado de su jurisdicción en Brasil.
Estos montos serán descontados de la fianza de 1,6 millones de dólares que habían depositado para obtener la prisión domiciliaria y serán utilizados para la compra de equipos para la lucha contra el Covid-19. Lo restante, será devuelto.
