La pericia descartó la versión oficial y complica al agente Guerrero, citado a indagatoria el 17 de septiembre.
El disparo que hirió gravemente al fotógrafo Pablo Grillo no fue un accidente ni un error en la aplicación de los manuales. Así lo determinó el informe balístico elaborado por la Policía de la Ciudad incorporado a la causa judicial.
La pericia confirmó que el cartucho fue lanzado de manera irregular, impactando en Grillo durante el operativo represivo. Si se hubiese respetado el protocolo, el proyectil jamás habría alcanzado a Grillo.
El mismo permanece internado tras haberse sometido a múltiples cirugías. Sobre su evolución médica, su padre, Fabián Grillo, contó: “Estamos esperando un nuevo informe de los neurocirujanos. Hoy estaba clínicamente estable, pero en la última tomografía se detectó una pequeña expansión. Mañana tendremos más precisiones con los resultados de los estudios”.
La represión frente al Congreso, el 12 de marzo, incluyó un amplio despliegue de Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Prefectura y Policía de la Ciudad. Más de cien personas fueron detenidas y otro centenar resultaron heridas.
A las 17.18, mientras fotografiaba el operativo, Grillo recibió en la frente el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno. Cayó al suelo, fue auxiliado por manifestantes y trasladado en ambulancia al Hospital Ramos Mejía. Frente a él avanzaba una hilera de gendarmes escoltados por camiones hidrantes.
El operativo se amparó en la resolución 943/23, conocida como “Protocolo antipiquetes”. Bullrich habilitó la dispersión de manifestaciones que interrumpan el tránsito y otorgó a las fuerzas facultades para recolectar información destinada a criminalizar y estigmatizar a referentes sociales, sindicales y políticos. Desde su aplicación en diciembre de 2023, organismos de derechos humanos advirtieron que se trata de un protocolo inconstitucional.
