El Poder Judicial no hizo lugar al planteo realizado por Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la AFA, y dejó firme la citación a declaración indagatoria en el marco de una causa que investiga una presunta evasión superior a los 19 mil millones de pesos.
La presentación fue impulsada por la defensa del dirigente, que sostuvo ante la Cámara que no existió una conducta delictiva y que las obligaciones reclamadas ya habían sido saldadas. A pesar de esos argumentos, este martes el juez Diego Amarante resolvió sostener la convocatoria para que Tapia comparezca en calidad de imputado.
El expediente se originó tras una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que señaló a Tapia y a otros integrantes de la conducción de la AFA —entre ellos el tesorero Pablo Toviggino— por una presunta apropiación irregular de impuestos y aportes a la seguridad social por un total que supera los $19.353 millones.
De acuerdo con el calendario judicial, Tapia deberá presentarse el jueves 5 de marzo. En tanto, la declaración de Toviggino, que estaba prevista para el día siguiente, fue reprogramada.
En su resolución, el magistrado también dispuso la prohibición de salida del país para los imputados. No obstante, días atrás Tapia solicitó un permiso especial para viajar al exterior durante tres días con el objetivo de asistir a un encuentro de la Conmebol en Brasil y participar de una actividad organizada por la Federación Colombiana de Fútbol.
El juez autorizó el desplazamiento, aunque estableció una caución real de cinco millones de pesos como condición para dejar sin efecto de manera transitoria la restricción.
Según la investigación, ARCA detectó retenciones impositivas y aportes previsionales que no habrían sido ingresados dentro del plazo legal de 30 días posteriores al vencimiento. Los períodos analizados abarcan desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025 e incluyen conceptos como IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social.
En la denuncia original se indicó que el monto inicialmente no depositado ascendía a $7.593.903.512,23. Posteriormente se incorporaron nuevas sumas por $11.759.643.331,62, elevando el total bajo investigación a más de $19.300 millones.
El organismo recaudador consideró que las conductas investigadas encuadran en el delito de omisión por parte de un agente de retención. Señaló que los fondos involucrados no pertenecen al contribuyente, sino que son recursos del Estado desde el momento de la retención, por lo que su falta de ingreso configura una apropiación indebida de dinero público.
Desde la óptica penal, esta figura contempla penas de entre dos y seis años de prisión para el agente de retención que no deposite, total o parcialmente, los importes retenidos o percibidos dentro del plazo legal, siempre que el monto supere los $100.000 mensuales.
Para sostener el llamado a indagatoria, el juez Amarante tuvo en cuenta un informe técnico que detalla los movimientos financieros de la AFA. De ese relevamiento surge que en diciembre de 2024 la entidad registró ingresos por más de $45.072 millones, mientras que durante 2025 los recursos percibidos superaron los $453.449 millones. Asimismo, se constató la constitución de varios plazos fijos en moneda local y extranjera.
Entre los elementos probatorios incorporados al expediente figuran reportes bancarios que reflejan acreditaciones en las cuentas de la AFA y la conformación de depósitos a plazo por montos elevados.
