La Justicia determinó que el expediente relacionado con la adquisición de una mansión de 105.000 metros cuadrados en Pilar vuelva a los tribunales de Campana y quede bajo la órbita del juez federal Adrián González Charvay. En la propiedad habían sido hallados 54 vehículos de alta gama y el inmueble quedó relacionado con una investigación por un supuesto esquema de lavado de dinero vinculado con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La resolución representa un cambio en el recorrido que había tenido hasta ahora la causa, que permanecía radicada en el fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires.
La decisión se produjo luego de una disputa entre diferentes tribunales acerca de cuál debía ser el juzgado encargado de continuar con las actuaciones. En un primer momento, el expediente estuvo en manos del juez federal Daniel Rafecas. Posteriormente surgió un conflicto con la Justicia de Campana y, tras la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal, terminó en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10 de la Ciudad.
Finalmente, se resolvió que González Charvay sea quien prosiga con las pesquisas. El magistrado ya había participado en causas relacionadas con la AFA y anteriormente había protagonizado discusiones de competencia con tribunales porteños con el objetivo de concentrar investigaciones vinculadas con la asociación.
La controversia por la propiedad de Pilar había aumentado durante los últimos días. Los abogados de Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, integrantes de Real Central SRL, empresa que aparece como titular del inmueble, habían pedido que la causa fuera enviada a Campana. Como argumento principal, señalaron que el juzgado competente debía definirse a partir del lugar donde se encuentra ubicada la propiedad y cuestionaron que el expediente continuara en la Capital Federal.
La fiscalía se había manifestado en contra de ese pedido. El fiscal Mario Villar había solicitado a la Cámara que rechazara el recurso de casación presentado por los representantes de la defensa y que mantuviera la causa dentro del fuero Penal Económico porteño.
Según Villar, la investigación excedía la operación de compra de la vivienda ubicada en Pilar y desde sus comienzos estaba orientada a determinar si existía una maniobra de lavado de activos de mayor dimensión. En ese sentido, había destacado que Real Central SRL posee domicilio social en la Ciudad de Buenos Aires, al igual que la sociedad que la precedió, Central Park Drinks SRL. También indicó que la escritura mediante la cual se concretó la compraventa había sido suscripta en territorio porteño.
El representante del Ministerio Público también había señalado diferentes lugares de la Ciudad que, de acuerdo con la hipótesis investigada, podrían estar relacionados con el movimiento de dinero analizado. Entre ellos mencionó financieras ubicadas sobre la avenida Corrientes, un estudio jurídico de la calle Lavalle relacionado con Juan Pablo Beacon y operaciones de facturación de Recomi SA. Asimismo, hizo referencia a un domicilio situado en Montevideo y Quintana, señalado como el sitio en el que presuntamente se habría realizado una entrega de dinero en efectivo.
Por otra parte, la defensa había denunciado una supuesta práctica de “forum shopping”. Con ese planteo, sostuvo que los denunciantes —Elisa Carrió, Facundo Del Gaiso y Matías Yofe— habían escogido intencionalmente un tribunal que consideraban conveniente para sus intereses. Villar rechazó esa interpretación y afirmó que dicha figura no tenía aplicación en el sistema penal argentino.
El expediente forma parte de una investigación de mayor alcance que tiene entre sus principales nombres al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la institución, Pablo Toviggino. Paralelamente, existen otras causas en las que se analizan posibles irregularidades relacionadas con la entidad, incluyendo una eventual defraudación y operaciones financieras que fueron vinculadas con una hipótesis de blanqueo de capitales.
La cuestión de la competencia también había generado un enfrentamiento entre González Charvay y el juez nacional en lo Penal Económico Diego Amarante. En una resolución previa, Amarante había rechazado el pedido del magistrado de Campana para quedarse con otra investigación relacionada con la AFA. En aquel fallo sostuvo que el traslado del domicilio legal de la asociación desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Pilar no alcanzaba, por sí solo, para establecer qué tribunal debía intervenir.
Amarante había considerado que los hechos investigados en aquella causa se habrían producido en la Ciudad y cuestionó que el domicilio societario de la AFA pudiera prevalecer sobre el territorio donde, según su postura, habrían tenido lugar las conductas investigadas. “Pretender fundar la competencia en la provincia de Buenos Aires, basándose en un domicilio social en el Partido de Pilar, importa priorizar una mera formalidad y ficción jurídica por sobre el lugar real de comisión de las conductas”, había expresado.
