La Corte Suprema confirmó este jueves la medida cautelar que exige al Gobierno nacional aplicar dos artículos de la Ley 27.795 vinculada al financiamiento universitario. Tras rechazar el planteo presentado por el Ejecutivo, el máximo tribunal respaldó la actualización de salarios y la restitución de fondos destinados a programas estudiantiles.
Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte emitió dos resoluciones en el expediente iniciado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra el decreto 759/25, mediante el cual el Poder Ejecutivo había intentado frenar la implementación de los artículos relacionados con aumentos salariales y partidas para becas y actividades académicas.
La razón por la que el tribunal desestimó la apelación oficial fue de carácter procesal: los recursos extraordinarios impulsados por el Ministerio de Capital Humano no estaban dirigidos contra un fallo definitivo, condición necesaria para habilitar la intervención de la Corte Suprema.
De todos modos, la resolución no aborda el tema central de la disputa, referido a si el Poder Ejecutivo tiene facultades para suspender artículos de una ley aprobada por el Congreso. Por esa razón, la cautelar continuará vigente mientras sigue avanzando el proceso judicial.
La decisión del máximo tribunal se conoció semanas después de que el Gobierno acordara girar fondos a las universidades nacionales para otorgar un incremento salarial del 24,33%, elevar un 20% las partidas destinadas al funcionamiento y ampliar el presupuesto de los hospitales universitarios hasta alcanzar los $50.000.000.000.
Desde sectores universitarios habían señalado que esa propuesta implicaba elevar el presupuesto universitario del 0,5% al 0,6% del PBI, aunque la Ley de Financiamiento actualmente vigente establece un 0,75%.
En este escenario, la resolución de la Corte mantiene activa la cautelar sobre salarios y becas mientras la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal avanza hacia una definición de fondo.
Al momento de conceder la cautelar, el tribunal había sostenido que el Congreso insistió con la aprobación de la Ley de Financiamiento a pesar del veto presidencial de Javier Milei y que el Ejecutivo intentaba impedir su aplicación apoyándose en una normativa previa de menor jerarquía que la Constitución.
La posición de la Casa Rosada sostiene que la ley solamente podía implementarse una vez definidas las fuentes específicas de financiamiento.
Sin embargo, además de rechazar ese planteo, el tribunal entendió que el incumplimiento de la norma podía ocasionar consecuencias graves y una pérdida salarial que afectara el derecho a enseñar y aprender. También consideró que el ahorro obtenido por no aplicar la ley no representaba un impacto relevante dentro del presupuesto de la Administración Pública Nacional.
