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El per saltum destrabó privatizaciones en el gobierno de Menem

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El «per saltum», al que este martes accedió la Corte Suprema de Justicia de la Nación para evaluar el pedido de los jueces federales Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli de que se los mantenga en el cargo, es una figura legal que significa «salto de instancia» y se permite utilizar en «cuestiones de notoria gravedad institucional».

Ese instituto consiste, por parte de la Corte, en avocar (tomar para sí) un caso salteando las instancias inferiores, como las cámaras de apelaciones o de revisión.

Entre las resoluciones más trascendentes de las últimas décadas a través de esa instancia se destacan las que permitieron destrabar las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas y de los aeropuertos durante el Gobierno de Carlos Menem.

En esta circunstancia, los jueces Bertuzzi y Bruglia (de la Cámara Federal porteña) y Castelli (Tribunal Oral Federal 7), cuyos traslados a esos cargos fueron dispuestos por el Gobierno de Mauricio Macri y revocados luego por el Senado, acudieron al máximo tribunal del país, argumentando una gravedad institucional, para que los mantenga en sus puestos.

Los magistrados llegaron a la Corte después de haber recibido fallos contrarios a sus peticiones (a través de recursos de amparo y solicitud de inconstitucionalidad de la medida que dispuso su devolución a sus tribunales originales) de la jueza Marìa Biotti, de primera instancia, y de Casación, y un dictamen también desfavorable del fiscal Rodrigo Cuesta, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.


Desde el retorno de la democracia, uno de los «per saltum» más trascendentes fue el de la Corte que actuó durante el Gobierno de Menem, en 1990, que permitió resolver un litigio generado en el marco de la privatización de la empresa Aerolíneas Argentinas (conocido como «caso Dromi», por el entonces ministro de Obras Públicas que había realizado la petición) y finalmente permitió que la administración lograra su objetivo.

En el caso de los jueces puestos a dedo por Macri, la gravedad institucional es que sigan ocupando puestos de manera ilegal.

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