El Gobierno nacional enviará al Congreso una nueva iniciativa de Ley de Financiamiento Universitario con el objetivo de atender los reclamos de las universidades públicas. La decisión se conoció pocos días después de que el Ejecutivo presentara una apelación contra la medida cautelar que lo obliga a aplicar la normativa vigente, la cual establece la actualización de los salarios docentes y de las partidas presupuestarias destinadas al sistema universitario.
En este contexto, en las últimas jornadas funcionarios cercanos al presidente Javier Milei iniciaron conversaciones con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para avanzar en una reformulación del esquema de financiamiento de las casas de altos estudios. El planteo oficial busca compatibilizar la sustentabilidad fiscal con las demandas históricas del sector académico.
La propuesta en elaboración no apunta a eliminar el régimen actual, sino a introducir cambios en su estructura. Para ello, el Gobierno considera clave construir acuerdos políticos amplios que permitan sancionar una nueva ley que sustituya a la vigente.
De acuerdo a lo que trascendió, el proyecto buscará equilibrar dos reclamos centrales: por un lado, la previsibilidad presupuestaria que exige el Ejecutivo y, por otro, la seguridad jurídica que reclaman las universidades. En este marco, se analiza incorporar el tratamiento de la iniciativa al temario de las sesiones extraordinarias mediante un decreto, aunque el reglamento de la Cámara de Diputados establece que su aprobación debe darse en el recinto.
El decreto correspondiente sería firmado en las próximas horas y publicado en el Boletín Oficial el lunes siguiente. En ese mismo instrumento también se formalizaría la prórroga de las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero.
La decisión del Gobierno se produce luego de una serie de avances legislativos recientes, entre ellos la aprobación de la reforma laboral en el Senado y la media sanción en Diputados de la ley de reforma penal juvenil, junto con el aval al acuerdo del Mercosur.
La estrategia oficial busca cerrar dos frentes simultáneamente: resolver la discusión presupuestaria y, al mismo tiempo, desactivar los conflictos judiciales y legales en curso, con el fin de evitar eventuales sanciones.
En esa línea, el Ejecutivo analiza cuidadosamente la factibilidad técnica y política de la nueva norma. Días atrás, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron reuniones con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional para avanzar en la redacción del proyecto.
Cabe recordar que la Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada en 2024 por ambas cámaras del Congreso. Si bien el presidente Javier Milei la vetó, posteriormente el Parlamento ratificó la norma, que ahora el Gobierno pretende reemplazar por un nuevo marco legal.
