El Gobierno nacional intervendrá como querellante en el expediente judicial que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a su titular, Claudio “Chiqui” Tapia, por la supuesta apropiación indebida de tributos. La participación se realizará a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que impulsa el proceso iniciado originalmente por la Dirección General Impositiva (DGI). En la causa están imputados tanto Tapia como el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. El monto total bajo análisis supera los 19.300 millones de pesos.
El juez de fuero penal económico Diego Amarante, quien conduce la investigación, resolvió aceptar a ARCA como parte querellante, habilitando al organismo a intervenir activamente en el expediente y a solicitar distintas medidas probatorias.
Desde ARCA señalaron que la AFA habría retenido sumas correspondientes a impuestos y contribuciones que luego no fueron transferidas dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente. “La conducta atribuida a la AFA radica en haber actuado como agente de retención de tributos nacionales y aportes al sistema de Seguridad Social, efectuando los descuentos correspondientes a terceros y omitiendo posteriormente su ingreso al Tesoro”, indicaron.
El organismo explicó que estos hechos encuadran en la figura penal de omisión, ya que la obligación de actuar surge directamente del rol de agente de retención, y la infracción se configura al no depositar los fondos retenidos en tiempo y forma.
De acuerdo con la denuncia original, se detectaron obligaciones impagas por un total de 7.593.903.512,23 pesos, distribuidos entre retenciones impositivas y previsionales. Posteriormente, una ampliación de la presentación elevó el monto en otros 11.759.643.331,62 pesos, correspondientes a períodos comprendidos entre marzo de 2024 y julio de 2025, tanto en materia fiscal como de seguridad social.
Desde el ente recaudador precisaron que los más de 11.700 millones de pesos corresponden exclusivamente a la última ampliación y se suman a los importes ya incluidos en la causa. De esta manera, el total investigado por aportes y retenciones no ingresados supera los 19.300 millones de pesos.
ARCA remarcó que “las sumas involucradas no constituyen recursos propios del contribuyente, sino fondos que pertenecen al Estado desde el mismo momento en que se efectúa la retención, por lo que su falta de ingreso configura una apropiación indebida de fondos públicos”.
Asimismo, el organismo sostuvo que “desde el aspecto subjetivo, el delito se consuma con dolo, entendido como el conocimiento de la obligación legal de depositar los importes retenidos y la posibilidad concreta de hacerlo, sin que sea necesaria una intención específica de apropiación”.
