La Justicia avanza esta semana con una serie de declaraciones que podrían resultar clave en la causa que investiga un posible incremento patrimonial irregular del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En ese contexto, durante la mañana de hoy se presentaron en tribunales dos mujeres identificadas como acreedoras en operaciones vinculadas a la adquisición de inmuebles del funcionario, quienes explicaron el origen del dinero prestado.
Ambas, madre e hija y pertenecientes a la fuerza policial, estuvieron más de dos horas ante el fiscal y se retiraron sin dar declaraciones públicas. Según relataron, en 2024 entregaron un préstamo de 100 mil dólares en efectivo en una escribanía. Señalaron que conocían a la escribana por trámites habituales, pero no tenían vínculo personal con Adorni más allá de su función pública, y que fue la profesional quien las puso en contacto.
Además, indicaron que el dinero provenía de indemnizaciones laborales del esposo de la mujer mayor, diferencias salariales acumuladas y herencias. A partir de ese acuerdo, explicaron que el funcionario devuelve el monto en cuotas mensuales superiores a los 900 dólares, con una tasa cercana al 11% anual. En algunos casos, aseguraron, se realizaron pagos de varias cuotas juntas.
Durante su exposición, mostraron conversaciones en sus teléfonos con la escribana y presentaron comprobantes de pago. También detallaron que el dinero suele ser entregado en la escribanía por el propio funcionario o personas de su entorno, y que luego ellas lo retiran desde allí.
El acuerdo establece que ya se cancelaron aproximadamente 30 mil dólares, mientras que aún resta abonar un saldo de 70 mil, con vencimiento previsto para noviembre de este año.
La fiscalía intenta reconstruir el origen de esos fondos y verificar si las operaciones se ajustan a la capacidad económica declarada por las partes. Para ello, se dispusieron medidas como el levantamiento del secreto fiscal y pedidos de información patrimonial, con el objetivo de seguir el recorrido del dinero y analizar la coherencia financiera de los acuerdos.
En paralelo, la causa ya incorporó datos sobre gastos en moneda extranjera, movimientos inmobiliarios y otras operaciones que ahora se contrastan con los ingresos declarados por el funcionario.
Las dos mujeres que declararon figuran como prestamistas de un crédito en dólares por 100 mil, respaldado mediante una hipoteca sobre un departamento ubicado en el barrio porteño de Parque Chacabuco.
La investigación busca determinar si quienes otorgaron el préstamo contaban con capacidad económica real para hacerlo y si existe correspondencia entre sus ingresos, su patrimonio y el dinero involucrado. Para eso, se ordenaron cruces de datos con distintos organismos.
En esta etapa, debieron presentar documentación que respalde sus dichos, en una instancia clave para confirmar o descartar las sospechas que se investigan.
En los próximos días, el foco estará puesto en otras dos testigos: las mujeres que le vendieron un departamento en Caballito al jefe de Gabinete y que, al mismo tiempo, quedaron como acreedoras de una hipoteca.
Según consta en el expediente, esa operación incluyó un pago inicial de 30 mil dólares y un saldo de 200 mil a cancelar en el plazo de un año, sin intereses, una condición que generó dudas en la investigación.
En ese caso también se solicitó información detallada sobre su situación económica, con el objetivo de evaluar si estaban en condiciones de otorgar ese tipo de financiamiento.
