Las subas en los haberes de los senadores volvieron a generar controversia dentro del Congreso y dejaron en evidencia una diferencia respecto de los diputados nacionales, cuyos ingresos no están vinculados a las paritarias del personal legislativo. Frente a la situación, varios legisladores ya plantean la posibilidad de anular la resolución aprobada en 2024 que originó el mecanismo.
El último incremento salarial del 11,9% otorgado a los trabajadores del Poder Legislativo —correspondiente al período comprendido entre diciembre y mayo— impactó directamente en los ingresos de los senadores, ya que por esa normativa sus dietas se actualizan automáticamente. Como consecuencia, los representantes provinciales pasaron a percibir alrededor de $11,5 millones brutos mensuales.
En medio de la polémica, la vicepresidenta Victoria Villarruel firmó la actualización salarial, en línea con el acuerdo alcanzado entre representantes de ambas cámaras del Congreso y los gremios APL, ATE y UPCN. No obstante, dejó asentado que no compartía la medida y agregó una aclaración en la resolución: cada senador puede decidir si cobra el aumento o lo destina a donación. En caso de optar por donar el total o una parte del incremento, deberán informarlo formalmente a la vicepresidencia para su aplicación.
Algunos legisladores ya comunicaron a la presidencia de la Cámara alta su decisión de donar el aumento. Sin embargo, el senador libertario Pablo Cervi propuso ir más allá y revisar el sistema que vincula las dietas de los senadores con los acuerdos salariales del personal legislativo. Según planteó, es necesario debatir si ese mecanismo debe continuar o modificarse, algo que requerirá consenso político entre los distintos bloques.
También expresó su desacuerdo el senador José María Carambia, del espacio Moveré por Santa Cruz, quien señaló que el problema radica justamente en ese vínculo automático entre las subas del personal y los ingresos de los legisladores. “Cuando aumentan los salarios de los trabajadores legislativos, también suben inmediatamente los de los senadores. Ese es el punto que hay que eliminar”, afirmó.
Carambia, que desde 2025 destina parte de su dieta a donaciones, cuestionó a quienes aún no impulsan formalmente la derogación de la resolución aprobada hace dos años. Incluso evalúa presentar el tema en una próxima sesión del Senado.
La norma que dio origen a este esquema se aprobó el 18 de abril de 2024, en el cierre de una sesión. En ese momento, el entonces senador Juan Carlos Romero pidió incorporar su iniciativa al temario, propuesta que ya había sido anticipada en una reunión de labor parlamentaria. El proyecto fue tratado sobre tablas y se aprobó rápidamente: solo se leyó el número de expediente y no se realizó votación nominal para dejar registro individual de cada legislador. En menos de un minuto y a mano alzada quedó sancionada la medida que aún sigue vigente.
Tras su aprobación, las dietas de los senadores habían pasado a ubicarse en unos 7,5 millones de pesos.
La propuesta de Romero contó con el respaldo de los senadores peronistas José Mayans y Juliana Di Tullio; los radicales Pablo Blanco y Daniel Kroneberger; además de Lucila Crexell, Carlos “Camau” Espínola, Sonia Rojas Decut y el libertario Bruno Olivera Lucero. El bloque del PRO, representado por Luis Juez, no acompañó la iniciativa.
Luego del fuerte cuestionamiento público que generó el aumento, los presidentes de los distintos bloques acordaron con la vicepresidenta aplicar congelamientos temporales en las dietas. Villarruel implementó esas medidas mediante decretos que extendieron la suspensión de los incrementos. Sin embargo, el Senado nunca volvió a debatir una solución definitiva como sería eliminar la normativa de 2024 y desvincular los salarios de los legisladores de los acuerdos salariales del personal legislativo.
Desde el bloque encabezado por José Mayans no hubo un pronunciamiento institucional, aunque algunos senadores se expresaron individualmente. Entre ellos, Sergio Uñac manifestó que, en un contexto económico difícil para el país, la política no puede mantenerse ajena a la realidad que atraviesan millones de familias. Por ese motivo decidió renunciar al aumento correspondiente a los miembros del Senado y afirmó que los representantes públicos deben actuar con responsabilidad y austeridad.
Una decisión similar tomaron los senadores de Santiago del Estero vinculados al espacio que lidera el exgobernador Gerardo Zamora. En un comunicado conjunto, Gerardo Zamora, Elía Moreno (Frente Cívico) y José Neder (interbloque Justicialista) indicaron que optaron por rechazar el incremento salarial al considerar que no resulta oportuno en medio de la situación económica del país y destacaron la necesidad de promover mayor austeridad y transparencia en el manejo de los recursos del Estado.
