Esta causa investiga, el fraude millonario de Ética Médica, la empresa que recaudaba 60 millones de pesos al mes.
La justicia procesó a los principales directivos de la empresa Ética Médica. Detrás de la gerenciadora de salud que se ofrecía como “prepaga”, la empresa estafó a través de un organizado esquema de engaños, a muchos afiliados de obras sociales. Se estima que lograron recaudar mediante el fraude unos 60 millones de pesos por mes. A los particulares damnificados, las prestaciones nunca les llegaban y quedaban sin cobertura médica. Se avanzó con la investigación y ya hay once personas procesadas.
Se presentaron como querellantes dos de las obras sociales afectadas: Ospedyc, obra social de trabajadores de edificios, y Osoetsyl, de trabajadores tintoreros. Además fueron víctimas del engaño trabajadores afiliados a otras como la de empleados ferroviarios, la de sombrereros, o la del papel.
Por la cantidad de prueba ya producida, el juez Juez Sebastián Ramos decidió procesar a Pablo Baldoni, Raúl Barreiro, Javier Cuman, Fernando Profeta, Aldo Lisi, Abel Blasco, Romina Hawryluk, Martin Scalise, María Botchein, María Laiz, Érica Mirabile, Carla a Sirini y Tatiana Silva por los delitos de asociación ilícita, estafa, acceso indebido a datos informáticos y abandono de persona. De los 37 allanamientos se secuestraron computadoras, celulares y documentación.
El Departamento Unidad Federal de Investigaciones Especiales (Dufie) analizó parte de la documentación y de las escuchas telefónicas, y con eso pudieron establecer de forma clara las etapas de la maniobra. Respecto de las computadoras y celulares secuestrados, la pericia sigue en curso.
La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) había denunciado por estafa a los principales directivos de Ética Médica. Desde el inicio de la investigación a la actualidad, más allá de cuestiones procesales, se avanzó en peritar lo allanado y con los informes de la Dufie y las indagatorias. Además, la obra social de vareadores, fue intervenida por la SSS por justamente captación indebida de afiliados.
Las obras sociales damnificadas también aportaron testigos y listados de afiliados traspasados fraudulentamente, corroborandolo en varios casos con la Superintendencia de Servicios de Salud, que brindó listados de opciones de anulación de cambio. La denuncia, bajo la carátula de Estafa, se tramita ante el Juzgado Nacional Criminal y Correccional N° 2.
Inicio de la causa
La causa comenzó a gestarse en 2020 ante los reclamos que, a través de redes sociales, publicaban los afectados: falta de respuesta a requerimientos médicos, falta de atención en los centros de salud que “supuestamente” operaban con la firma, falta de entrega de las credenciales en soporte papel. Cuando reclamaban les indicaban que con mostrar el envío digital de la credencial ya estaban habilitados a atenderlos. Sin embargo, no ocurría.
Inicialmente la estafa, se montaba a través de llamados telefónicos a los particulares donde les “informaban que su obra social iba a quebrar” y les ofrecían una nueva opción “con más beneficios”. Entre ellos “depilación definitiva”, un tipo de intervenciones que no se incluye en los servicios de salud.
Ante la falta de respuesta a los requerimientos médicos, en tratamientos o por urgencias, comenzaron los reclamos. Esto forzó a mutar la operatoria del engaño. Por caso, se habría llegado al robo de identidad para trasladar a los afiliados de otras obras sociales a esta empresa, sin su consentimiento. Llegaban a ofrecer préstamos personales o tarjetas de crédito para tentarlos y lograr los datos necesarios para el fraude.
Ética Médica fue imputada en 2021 por la Superintendencia de Servicios de Salud en la Justicia Federal. Se estima que el flujo de dinero mensual que lograba superaría los 60 millones de pesos, que eran recibidos por la razón social de la firma investigada, Ética Médica S.A., registrada en AFIP en 2017.
La estafa se evidencia inicialmente en el uso de una empresa registrada como gerenciadora de salud y no como prestadora de salud. Así, para poder realizar la transferencia de aportes “habría dos fases”, de acuerdo a la denuncia. En la primera, «tras la captación, los aportes de haberes se dirigen a una obra social asociada a la empresa investigada, debido a que la gerenciadora no puede recibir los aportes de forma directa” explica la investigación policial.
