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La Justicia le da la espalda al Parque Nacional Los Glaciares y habilita la construcción de un sendero

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La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó la medida que frenaba las obras en el Campamento Poincenot. Vecinos y organizaciones ambientales advirtieron que el fallo desconoce el desmonte y debilita la participación ciudadana.

La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia revocó la sentencia del Juzgado Federal de Río Gallegos la cual había suspendido las obras de adecuación del sendero al Campamento Poincenot. Además rechazó el amparo ambiental presentado por vecinos de El Chaltén.

La decisión avala el accionar de la Administración de Parques Nacionales (APN) y da luz verde a la continuidad de los trabajos.

Los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez sostuvieron que la APN actuó dentro de su competencia y que el procedimiento cumplió con lo establecido por la normativa vigente. El tribunal señaló que la participación pública no era obligatoria y descartó cualquier afectación grave al ambiente. 

La decisión generó un fuerte rechazo en la comunidad de El Chaltén, donde los vecinos advirtieron sobre el riesgo de desalentar futuras acciones ciudadanas en defensa del ambiente.

A través de un comunicado, “Un Revés que Duele”, las organizaciones expresaron que el fallo “desconoce hechos comprobados de desmonte y tala en bosque nativo de máxima conservación” y “debilita el derecho a la participación ciudadana y la protección ambiental”.

Las obras comenzaron en marzo del año 2025, con movimientos de suelo y tala de árboles en la zona norte del parque, sin contar con una evaluación de impacto ambiental previa. 

Las organizaciones sostienen que la obra forma parte del proyecto integral “Ordenamiento del circuito turístico Río Eléctrico – Laguna de los Tres – Zona Norte del PN Los Glaciares”, que abarca áreas de bosque nativo de máxima conservación, según la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental. Sin embargo, denuncian que nunca se realizó una evaluación ambiental completa ni se habilitó la participación ciudadana, tal como exige la normativa nacional.

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