En el golpe que sacó a Morales del poder en el año 2019, la ex presidenta atraviesa una acusación que ella negó y por la que el Gobierno busca una pena de 30 años de cárcel.
Tras pasar dos días en celdas policiales, Áñez, de 53 años, entró esta mañana a la cárcel para mujeres de Obrajes, en el sur de la capital administrativa, donde será la interna 260 del penal femenino.
También sus exministros de Justicia, Álvaro Coímbra; y de Energía, Rodrigo Guzmán, detenidos al igual que la exmandataria el fin de semana, fueron trasladados al penal capitalino de San Pedro en un fuerte operativo policial para cumplir también con la orden de prisión preventiva.
Los tres son acusados de la presunta comisión de los delitos de «sedición, terrorismo y conspiración», una acusación que ha sido negada por Áñez.
«Me envían 4 meses detenida para esperar el juicio por un ‘golpe’ que nunca ocurrió», escribió en su cuenta de Twitter tras escuchar la resolución de la jueza Regina Santa Cruz, en una audiencia cautelar de varias horas realizada anoche mediante una plataforma tecnológica.
Santa Cruz escuchó en audiencia a las partes, tanto a la Fiscalía como a los abogados defensores de Áñez y de sus exministros. La Fiscalía había pedido inicialmente para los tres políticos seis meses de prisión preventiva.
Áñez, quien siguió la audiencia desde una dependencia policial, agregó por Twitter: «Desde aquí llamo a Bolivia a tener fe y esperanza. Un día, entre todos, levantaremos una Bolivia mejor».
La exmandataria fue detenida el sábado mientras se escondía en un baúl en la casa de un familiar en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico de Beni, 600 kilómetros al noreste de La Paz.
El nombre de Áñez, que dejó el poder en noviembre de 2020, figura en una denuncia que hizo en diciembre la exdiputada del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty contra el líder cívico de la rica región de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, gobernador recientemente electo de ese departamento.
La Fiscalía de Bolivia justificó el pedido de detención por una supuesta conspiración para llevar a cabo «un presunto golpe de Estado» contra Morales, quien dimitió en noviembre de 2019 en medio de una fuerte convulsión social.
Los opositores de derecha y centro denunciaron entonces que Morales, en el poder desde 2006, cometió fraude en las elecciones presidenciales de un mes antes para gobernar de manera ininterrumpida hasta 2025.
