La decisión fue informada por el Ministerio de Justicia de la Nación, desde donde señalaron que la AFA se negó a presentar “la documentación solicitada, pese a haber contado con todos los plazos legales otorgados por la IGJ para normalizar su situación”. En ese sentido, el organismo conducido por Mariano Cúneo Libarona precisó que “los veedores designados serán los encargados de obtener y controlar la información que no fue aportada oportunamente”.
Desde el Ministerio remarcaron que la entidad que dirige el fútbol argentino no detalla los montos totales de sus estados contables desde hace más de ocho años, lo que impide conocer con claridad el origen y el destino de sumas millonarias que ingresaron y egresaron de la AFA durante ese período.
Entre los incumplimientos señalados, se destacó el intento de trasladar la sede a un predio ubicado en la Provincia de Buenos Aires, maniobra que fue descartada luego de constatarse que el domicilio social declarado no era real. Tras la verificación, se comprobó que en dicho lugar no funcionan oficinas ni áreas administrativas, y que la actividad institucional continúa desarrollándose en Viamonte 1366, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El titular de la IGJ, Daniel Roque Vítolo, también subrayó que en las últimas semanas trascendieron investigaciones vinculadas a presuntas maniobras destinadas a ocultar ingresos relevantes de la AFA, los cuales habrían sido canalizados a través de entidades externas —tanto nacionales como internacionales— sin registrarse en la contabilidad oficial, en contradicción con la normativa vigente y el estatuto de la institución.
Además, Vítolo señaló que la Justicia citó a declarar a las principales autoridades de la AFA en el marco de una causa vinculada a la posible retención de montos millonarios correspondientes a impuestos y aportes previsionales, lo que refuerza el pedido impulsado por la IGJ.
Para el organismo de control, estos antecedentes justifican la designación de veedores con el objetivo de “reunir la información requerida y no entregada, así como constatar la eventual existencia de hechos graves que impliquen el incumplimiento de la ley, el estatuto o los reglamentos internos”.
Si bien la AFA presentó documentación adicional a mediados de enero y sus auditores participaron de audiencias ante la IGJ, los inspectores consideraron que los datos seguían siendo incompletos y resolvieron solicitar nuevas ampliaciones.
Entre los requerimientos principales se incluyó la apertura detallada de gastos vinculados a “recuperos” correspondientes a los ejercicios 2017 a 2021, además de una conciliación exhaustiva de movimientos relacionados con derechos de clubes, patrocinios y deudas con FIFA, Conmebol y la Superliga durante 2022. También se pidió precisar el ingreso de seis millones de dólares provenientes de la Superliga en 2023 y explicar la composición de pasivos por 4,5 millones de dólares con organismos internacionales en ese mismo lapso.
