Rodrigo Roza, el hombre que apuñaló y mató a Juan Pablo Roldán, el efectivo de la Policía Federal que intentó detenerlo a metros del museo Malba en Figueroa Alcorta mientras esgrimía un cuchillo, falleció en el Hospital Fernández, donde fue operado tras recibir varios disparos del policía que mató.
Pese a su deceso, la jueza Alejandra Provitola avanza en la investigación como subrogante del Juzgado N°14 para esclarecer el hecho.
Aunque no fue todavía constatado en el expediente –por eso Provitola ordena estos allanamientos-, la familia de Roza aseguró a los investigadores que sufría una patología psiquiátrica. El departamento donde Roza vivía con su madre en la calle Salguero fue allanado horas después del crimen. Se encontraron cajas de medicación, vacías. Allí, la familia de Roza aseguró que era “esquizofrénico”, algo que la jueza deberá constatar.
Roza, que vivía con ella, había salido de su departamento vestido con una campera tipo militar y una vincha, caminó unas cuadras hasta la puerta del cuartel de Montada de la Policía Federal y ahí mismo desenfundó un cuchillo que llevaba en su mochila para luego amenazar a los efectivos a los gritos: “A ver a quién le toca morir ahora”. Luego, caminó hasta Avenida Figueroa Alcorta al 3300, donde finalmente mató al policía que lo seguía.
Los resultados de la autopsia al cadáver de Roza practicada en el Cuerpo Médico Forense todavía no están listos. Provitola también ordenó pericias toxicológicas a su sangre, para determinar la presencia de medicación, el exceso o la falta de un tratamiento. Entonces, queda una conjetura: ¿puede ser considerado responsable el especialista a cargo de tratar a Roza si es que se comprueba algún tipo de negligencia médica?
De encontrarse una inobservancia al deber de cuidado o una mala praxis médica entonces correspondería investigar. Para eso, necesita pruebas. No es la primera vez que la jueza enfrenta esta posibilidad: meses atrás procesó a un psiquiatra al que consideró responsable del suicidio de uno de sus pacientes, una decisión que fue revocada por la Cámara Criminal y Correccional.
