La Asociación del Fútbol Argentino difundió este martes un comunicado en el que respondió con dureza a las afirmaciones y requerimientos realizados por la Inspección General de Justicia (IGJ), conducida por Daniel Roque Vítolo. Desde la entidad que encabeza Claudio Tapia rechazaron de plano la existencia de irregularidades y cuestionaron al organismo estatal por actuar con falta de diligencia y por elaborar una versión distorsionada sobre presuntos incumplimientos.
Según detalló la AFA, la intimación formulada por la IGJ ya fue contestada y se entregó la totalidad de la documentación contable correspondiente a los períodos comprendidos entre 2017 y 2023. Asimismo, precisaron que el traslado de jurisdicción —de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Provincia de Buenos Aires— fue aprobado en una Asamblea, supervisado por veedores del propio organismo y comunicado y certificado conforme a los procedimientos formales.
Desde la asociación aseguraron que la IGJ intervino en cada etapa del proceso, emitió las constancias necesarias y no formuló objeciones al cambio, que quedó oficialmente registrado en noviembre de 2024. “Resulta absolutamente incorrecto sostener que la AFA ‘se fugó’ o que el cambio de jurisdicción haya sido irregular”, afirmaron.
En el documento, titulado “La única verdad es la realidad (bis)”, la entidad sostuvo que todos los balances fueron presentados dentro de los plazos establecidos y que solo existió una observación formal, la cual fue respondida en tiempo y forma. En relación con otros supuestos requerimientos, aclararon que nunca fueron notificados conforme lo establece la normativa vigente y que, en varios casos, los expedientes terminaron archivados sin fundamentos claros.
La AFA también denunció demoras prolongadas —de hasta tres años— en el análisis de la documentación por parte de la IGJ y mencionó desprolijidades administrativas, como expedientes incompletos o con hojas sin foliar. “Quien incumplió no fue la AFA, sino la propia IGJ, que ahora intenta sostener una narrativa artificial para tapar años de inacción y fallas internas”, sostuvieron.
La institución negó categóricamente haber impedido el acceso a la información o haber pronunciado frases como “No te voy a mostrar nada”, tal como habría señalado el Inspector General. “Esa expresión jamás existió, no figura en ningún expediente ni presentación, simplemente porque no es verdadera”, remarcaron.
Además, recordaron que entre 2017 y 2024 la IGJ otorgó certificados de vigencia y domicilio, dejando constancia en cada oportunidad de que la AFA cumplía con todas sus obligaciones formales.
En ese marco, la entidad enfatizó que actualmente se encuentra bajo el control exclusivo de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, y que la IGJ solo conserva competencia sobre trámites iniciados con anterioridad al cambio de jurisdicción.
En el cierre del comunicado, la AFA acusó a la IGJ de “recurrir a los medios de comunicación para realizar acusaciones graves sin respaldo documental” y de difundir información reservada vinculada a los balances. Según la asociación, estas acciones responden a intentos de presión en el contexto de un conflicto político con el Gobierno nacional.
“La AFA no evitó controles ni abandonó ninguna jurisdicción. Lo que queda en evidencia es un organismo que actuó de manera irregular y negligente, y que ahora intenta reabrir expedientes para sostener una historia ficticia de incumplimientos”, concluyeron.
