Referentes de educación superior se preparan para volver a dar la pelea.

La primera inquietud de los últimos movimientos de la gestión libertaria es la suerte que podrían correr, los dos vetos en el Senado (en caso de ser rechazados), las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. 

La norma «queda suspendida en su ejecución» hasta que el Congreso determine las fuentes de su financiamiento y que incluya en el Presupuesto Nacional las partidas para afrontarla. 

Diputados rechazó el veto la semana pasada, y la cámara alta pretende sesionar el 2 de octubre para darle pulgar abajo a los vetos desde el Senado. 

El ministro de Salud, Mario Lugones, anunció que el personal asistencial recibirá un complemento mensual de $450 mil, y para el resto de personal de planta será de $350 mil. Son aumentos que se consiguen con recursos obtenidos a través del Plan de Eficiencia implementado en el Hospital. 

De esta manera lo publicó en su cuenta de X: «Gracias a una gestión eficiente, el Garrahan hoy está en condiciones de mejorar los ingresos de sus trabajadores. Lo dijimos desde el principio: la plata para el personal estaba en el Hospital, pero mal distribuida. Durante décadas, los profesionales de la salud han estado mal remunerados. Hoy empezamos a revertir esa injusticia: trabajamos día a día para que su esfuerzo y dedicación sean reconocidos como corresponde. Felicito al Consejo de Administración por el trabajo que viene realizando para ordenar las cuentas y destinar cada peso a lo que importa: los equipos de salud, la calidad de atención y los pacientes. Nos propusimos terminar con el despilfarro y los privilegios para algunos, para que los recursos vuelvan a donde siempre debieron estar: las instituciones, los profesionales y los pacientes. Ese siempre fue el camino».

Por otro lado, el secretario de Organización de Conadu-CTA de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, Federico Montero, opinó: «Desde ya que el quiebre del veto en diputados y su probable ratificación en senadores es un triunfo político del movimiento universitario. Siempre tuvimos en claro que ese no era la solución al conflicto nuestro porque sabíamos que el gobierno iba a hacer lo imposible por impedir la implementación. Sin embargo, también es cierto que los costos para el Gobierno van a ser crecientes y mayores si mantenemos la movilización mostramos que en realidad si no hay un cambio de modelo económico no va a haber solución para ninguno de los problemas sectoriales de la Argentina». 

La ley de Financiamiento Universitario busca actualizar las partidas presupuestarias para el funcionamiento universitario, hospitales universitarios, ciencia y tecnología, y extensión universitaria al 1° de enero de 2025, según la inflación acumulada de 2023 y 2024. 

La convocatoria a la última Marcha fue masiva, y la situación salarial de los docentes universitarios demanda una urgente compensación. “No puede ser que el 70% de los docentes universitarios cobren entre 200 y 600 mil pesos y no se haya convocado una mesa paritaria en el último año y medio. El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, expresó: “Es falso que la economía del país se desequilibre porque financiamos a las universidades”, y agregó: “Si yo tomara el tema de la misma manera que lo toma el vocero presidencial podría contestarle en el mismo registro: quizás se podría cubrir parte de lo que establece la ley tomando recursos que destinaron para incrementar en un 1000% los fondos de los servicios de inteligencia de la nación”.