Luego de la difusión del DNU que introdujo cambios en la Ley de Inteligencia y amplió las facultades de la SIDE, la administración de Javier Milei salió a respaldar la iniciativa y explicó de qué manera operará el nuevo modelo.
“Las modificaciones responden a los estándares democráticos más exigentes”, señalaron fuentes oficiales.
A través de un comunicado emitido por la Secretaría de Inteligencia, se remarcó que se trata de una “reforma de segunda generación del sistema de inteligencia nacional”. En el mismo documento, también se cuestionó el manejo que distintos gobiernos hicieron de estos organismos a lo largo de los últimos años.
Según la visión oficial, durante décadas los servicios de inteligencia fueron empleados de forma discrecional, poco transparente y alejada de su función original.
Desde el organismo indicaron que “la reforma de segunda generación del Sistema de Inteligencia Nacional permite resguardar al país frente a amenazas actuales, establecer límites claros de competencia, achicar su estructura y reforzar los mecanismos de control del Estado”. El Ejecutivo incluyó la medida dentro del DNU 941/25 y sostuvo que busca actualizar, ordenar y robustecer el funcionamiento del sistema, corrigiendo irregularidades acumuladas con el paso del tiempo.
El Gobierno sostiene que la reforma apunta a definir con precisión las responsabilidades y reducir el tamaño del aparato de inteligencia. En ese marco, se establece que la seguridad interior dependerá del Ministerio de Seguridad; la inteligencia militar quedará bajo el Estado Mayor Conjunto; y la protección de infraestructura crítica y de los sistemas informáticos del Estado será competencia de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
El decreto publicado en el Boletín Oficial también establece que todas las actividades de inteligencia tendrán carácter “encubierto”, debido a su sensibilidad y con el fin de disminuir el “riesgo estratégico nacional”.
En ese sentido, la contrainteligencia queda “definida de forma clara y precisa como la función destinada a proteger al Estado argentino frente a acciones de espionaje, inteligencia o injerencia de actores externos”, dejando atrás prácticas asociadas a persecuciones políticas, espionaje interno o controles indebidos sobre dirigentes, periodistas y ciudadanos.
Otro eje relevante es la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), cuya permanencia —según el Ejecutivo— generaba solapamientos con áreas del Estado Mayor Conjunto. Con esta decisión, el Gobierno asegura que apunta a un esquema de defensa más ordenado, integrado y eficiente.
Además, la reforma establece un nuevo sistema de intercambio de información entre organismos estatales, “basado en la trazabilidad, la automatización y el registro obligatorio de cada solicitud y cada flujo de datos”. De acuerdo al documento oficial, este mecanismo “reduce la discrecionalidad, elimina arbitrariedades, asegura transparencia interna y refuerza los controles legales, técnicos y presupuestarios”.
En el cierre, el comunicado vincula la iniciativa con un proceso político más amplio. Desde la Secretaría de Inteligencia destacaron que la transformación forma parte del rumbo impulsado por Milei para “superar décadas de desorden, opacidad y utilización política del poder estatal”, con el objetivo de consolidar —según expresan— un Estado acotado, profesional y orientado al servicio de los ciudadanos, la República y la libertad.
