El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge ordenó recabar información vinculada a la compra de videocámaras que se habrían usado para escuchar a detenidos y sus abogados dentro de las cárceles, en la causa por presunto espionaje ilegal en el gobierno de Cambiemos.
El magistrado libró una orden de presentación para buscar documentación en la empresa que figura como importadora de estos equipos en el país, ubicada en la ciudad de Buenos Aires.
En base a informes en la causa, «se pudo establecer que el importador de las videocámaras marca Smart Pixel» secuestradas en un operativo en la Alcaidía Departamental III de La Plata es la empresa sobre la cual se libró orden de presentación.
Auge resaltó que durante la investigación, «se habría podido acreditar no solo la instalación de cámaras de seguridad y un DVR» en ese establecimiento sino, «además, la instalación de otros elementos que luego fueron retirados por quienes los habían instalado, en, al menos, dos salas de abogados y una dependencia administrativa de las autoridades penitenciarias».
El juez ordenó requerir a la empresa importadora «toda documentación relacionada a las operaciones comerciales» de venta de esas cámaras, cuyas partidas están identificadas, entre ella los «datos filiatorios de las personas físicas que realizaron la operación» en representación de comprador y vendedor y recepción de las videocámaras.
Los datos sobre el espionaje ilegal a exfuncionarios públicos detenidos surgieron del análisis del teléfono celular de uno de los acusados en el caso, el exagente de inteligencia Leandro Araque.
En planillas Excel halladas en el teléfono del imputado se encontraron nombres de detenidos y «un orden de prioridades a modo de “semáforo”, el nombre de un “responsable” –presumiblemente de las tareas de inteligencia – y un ítem de “observaciones”», se mencionó en la resolución.
«A modo de citar ejemplos, algunas de las personas privadas de su libertad mencionadas resultan ser César Milani, Antonio Lázaro Báez, Enrique Omar “Caballo” Suárez, Ricardo Raúl Jaime, Juan Pablo Medina, Fabián De Souza, Julio De Vido, Cristóbal López, Carlos Santiago Kirchner, entre otros», enumeró Auge.
Los documentos hacían referencia a detenidos a disposición del Servicio Penitenciario Federal, pero «se detectó que la organización criminal investigada también actuaría dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense al menos por medio de Andrés Rodríguez, quien fuera identificado como “Andrés” en el grupo de Whatsapp “Super Mario Bross”».
