La senadora nacional Patricia Bullrich, referente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, afirmó en una conferencia de prensa que se alcanzó un entendimiento con distintos sectores opositores considerados “dialoguistas” para avanzar con la aprobación de la Reforma Laboral en el Senado. No obstante, aclaró que el proyecto original sufrió modificaciones con el objetivo de garantizar los votos necesarios.
Según explicó la exministra de Seguridad, el acompañamiento de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y algunos representantes de fuerzas provinciales permitiría reunir al menos 40 voluntades en el recinto, número suficiente para sancionar la iniciativa. El debate está previsto para este miércoles a partir de las 11 de la mañana.
Uno de los puntos centrales es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, un mecanismo de cese laboral financiado mediante un aporte realizado por los empleadores. En la versión inicial del proyecto, ese aporte equivalía al 3% del salario utilizado como base para el cálculo de las contribuciones patronales. Los recursos del fondo se destinarían a cubrir futuras desvinculaciones y, al mismo tiempo, las empresas podrían descontar ese mismo monto de sus cargas patronales.
El impacto fiscal de ese esquema rondaba los 4 billones de pesos, unos 2.700 millones de dólares, que dejarían de ingresar al sistema previsional. Con los cambios anunciados, el sistema se dividirá en dos categorías: las grandes empresas aportarán un 1%, mientras que las pequeñas, medianas y microempresas lo harán con un 2,5%. Esos porcentajes podrían incrementarse hasta el 1,5% y el 3%, respectivamente, siempre que exista autorización del Poder Ejecutivo y de la Cámara de Diputados.
En cuanto al pago de indemnizaciones surgidas de sentencias judiciales, se mantiene la posibilidad de abonarlas en hasta 12 cuotas para las micro, pequeñas y medianas empresas, mientras que las grandes compañías podrán hacerlo en un máximo de seis pagos.
Otro de los cambios relevantes es la eliminación de la reducción en las alícuotas del Impuesto a las Ganancias. El proyecto original contemplaba una baja del 35% al 31,5% y del 30% al 27%, lo que beneficiaba principalmente a unas 15 mil empresas de mayor tamaño. Ante la oposición de los gobernadores, ese artículo fue retirado, aunque no se descarta que el Ejecutivo vuelva a impulsar la medida en el marco de una futura reforma tributaria prevista para marzo.
Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal advirtió que esa reducción impositiva implicaba un costo fiscal cercano a los 2.300 millones de dólares, equivalentes a unos 3,2 billones de pesos. Al tratarse de un impuesto coparticipable, más de la mitad del 0,22% del PBI que se resignaba habría impactado directamente en las provincias, especialmente en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
Respecto a los aportes sindicales, las empresas continuarán actuando como agentes de retención, por lo que seguirán descontando la cuota solidaria y los aportes correspondientes. Estas cuotas son abonadas por trabajadores no afiliados que, aun así, se benefician de los acuerdos paritarios y de los derechos obtenidos por los sindicatos. Se trata de una fuente clave de financiamiento sindical. Bullrich aclaró que este esquema se mantendrá durante dos años y luego pasará a requerir consentimiento expreso, con un tope máximo del 2%.
También se dio marcha atrás con la reducción del aporte patronal a las obras sociales, que iba a disminuir del 6% al 5%. Según estimaciones del CEPA, esa modificación hubiera significado un ahorro de alrededor de 680 millones de dólares para las empresas.
En relación con los aportes que las compañías realizan a las cámaras empresarias, se había planteado que pasaran a ser voluntarios. Tras los reclamos del sector, la aplicación de ese cambio se postergó hasta 2028, aunque se estableció un límite del 0,5%.
Otro punto que fue modificado es el que habilitaba el pago de salarios a través de billeteras virtuales. Esa opción no formaría parte del texto que se debatirá, por lo que las cuentas sueldo continuarán siendo exclusivas de los bancos tradicionales.
Por último, en lugar de eliminar los estatutos profesionales, se acordó otorgar un plazo de 180 días para que su contenido sea incorporado a los convenios colectivos de trabajo. Además, se introdujeron cambios en el régimen de licencias por enfermedad o lesión: cuando el problema de salud ocurra fuera del ámbito laboral, el trabajador percibirá el 50% del salario si se trata de una situación voluntaria y el 75% si fue involuntaria. Hasta ahora, la legislación vigente garantizaba el pago completo del sueldo en estos casos.
