El gobierno agiliza la privatización mediante una resolución que establece los mecanismos de tasación y licitación del paquete de control de la empresa.
El Gobierno determinó que un banco público se encargará de tasar la empresa y que las acciones que no se vendan a un “operador estratégico” se ofrecerán en la bolsa. Se prevé que para abril de 2026, la compañía que presta el servicio esencial de agua potable y saneamiento en el AMBA pase a administración privada.
A través de la publicación de una resolución en el Boletín Oficial este martes, el Gobierno dio inicio formal al proceso de privatización de AySA, designando a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas como unidad ejecutora “especial temporaria”. La Agencia será responsable de contratar un banco público que valore el paquete accionario de la empresa, ya que, según los considerandos de la Resolución 1198/2025, el Tribunal de Tasaciones de la Nación “se encuentra imposibilitado actualmente de realizar la valuación total de la empresa”.
Además, se estipula el plazo para la venta del paquete accionario mayoritario a un “operador estratégico”. Es decir que para abril del año próximo, AySA no responderá más a los parámetros del Estado y pasará a ser administrada por una empresa privada, siguiendo criterios de rentabilidad.
Las entidades de defensa del consumidor alertan sobre la posibilidad de un nuevo tarifazo en el servicio de agua potable y alcantarillado, que empiece a excluir a la población más vulnerable, con el riesgo que el servicio se concentre en las zonas más pudientes del Amba, como ocurrió durante la privatización en los años noventa.
La Unión de Usuarios y Consumidores junto con Consumidores Libres presentaron una demanda ante la justicia federal para prohibir los cortes de servicio en caso de mora. Algo que el Gobierno había habilitado por decreto cuando modificó más de 100 artículos del marco regulatorio de AySA preparando el terreno para la privatización. La cautelar declara la “nulidad absoluta e inconstitucionalidad” del decreto 493/2025 que dispone la privatización de AySA en tanto sus disposiciones “imponen a los usuarios de los servicios de agua y desagües cloacales una regresión normativa que afecta al medio ambiente en general y en forma directa a la vida, salud y seguridad de los usuarios”.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas fue la encargada de confeccionar el informe circunstanciado, proponiendo el procedimiento más adecuado para llevar adelante la privatización, tal como establece la Ley 23.696 de Reforma del Estado y privatizaciones de 1989. La concesión se realizará mediante licitación pública nacional e internacional.
Según establece la normativa, el proceso de venta se realizará a través de la plataforma CONTRAT.AR.
El agua es un servicio esencial para la vida humana, al igual que la provisión de redes de desagüe y sistemas de tratamiento de efluentes que resultan fundamentales para el saneamiento básico. Por esto se considera que el servicio debe ser administrado con un criterio social, no empresario.
