El juez hizo lugar a un reclamo presentado por los padres de dos niños con discapacidad.
El Juzgado Federal de Campana declaró inválido el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad. En un fallo difundido este lunes, el juez Adrián González Charvay sostuvo que “el derecho de los niños con discapacidad prevalece sobre las cuestiones presupuestarias”. La medida responde a un amparo presentado por los padres de dos chicos con autismo, a quienes se les habían negado los tratamientos esenciales para su estímulo y desarrollo.
Vía libre al Presidente para insultar a un nene con autismo
El magistrado declaró nulo el veto presidencial al considerar que resultaba inconstitucional. Según lo señalado por el juez, la protección de los derechos de las personas con discapacidad debe prevalecer por sobre el equilibrio fiscal, aspecto que había sido desatendido en la decisión del Presidente.
El padre de los niños explicó que ambos tienen trastorno del espectro autista y concurren a colegios distintos, donde las autoridades ya habían advertido a las familias sobre las dificultades económicas generadas por el ajuste del Gobierno nacional. Entre ellas, mencionaron los bajos honorarios que perciben los profesionales a cargo de las terapias y los recortes en el servicio de transporte.
Con este fallo, se abre la puerta a que otras familias afectadas por las políticas de recorte del gobierno ultraderechista promuevan acciones similares para resguardar los derechos de sus hijos. No obstante, al tratarse de una resolución de primera instancia, el Gobierno aún cuenta con la posibilidad de apelar.
¿Qué dice la Ley de Emergencia en Discapacidad que Milei vetó?
El proyecto aprobado por el Congreso busca modificar las condiciones para acceder a las pensiones no contributivas. Con este cambio, las personas podrían obtenerlas si tienen el Certificado Único de Discapacidad (CUD), a contramano de las últimas decisiones del Gobierno sobre la cuestión.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, esta medida podría sumar entre 493.000 y 946.000 nuevos beneficiarios. Implicaría un «refuerzo fiscal del 0,22% y 0,42% del PBI», y el plan es financiarlo con una reasignación de partidas presupuestarias.
El proyecto propone atar a la inflación los aumentos para los profesionales y darles un bono de $100.000 con el objetivo de compensar lo que perdieron por la inflación. Este incremento se financiaría con fondos de la Superintendencia de Servicios de Salud, el PAMI y el Programa Incluir Salud. El aumento presupuestario que se necesita para esto es apenas del 0,03% del PBI, mientras que para los talleres protegidos, el aumento costaría tan solo un 0,0008%.
