El ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, afirmó este martes que la administración santafesina defenderá las medidas de seguridad que permitieron recuperar la calma en el territorio, y advirtió que instrumentalizar a la fuerza policial para debilitar esa estrategia constituye un límite que no será tolerado.
Las declaraciones fueron realizadas durante una conferencia de prensa convocada para responder a los reclamos impulsados por un sector de la Policía provincial. En ese marco, el funcionario confirmó que al menos 20 efectivos serán pasados a disponibilidad por incumplir sus obligaciones durante las protestas registradas en Rosario y otras ciudades. Además, anticipó que las investigaciones abiertas podrían derivar en sanciones adicionales, tanto administrativas como judiciales.
Durante el encuentro con la prensa realizado este martes por la mañana en la sede gubernamental de Rosario, Cococcioni estuvo acompañado por los secretarios Esteban Santantino y Omar Pereira. Allí sostuvo que, detrás de los reclamos salariales, operaron grupos con intereses particulares que promovieron acciones violentas e ilegales, incentivaron la indisciplina interna y difundieron información falsa a través de redes sociales y canales internos, con la intención de afectar el esquema preventivo.
El ministro explicó que tanto en Rosario como en la ciudad de Santa Fe se intentó bloquear la salida de al menos veinte patrulleros destinados a tareas de vigilancia. En la ciudad del sur provincial, varias unidades fueron apostadas frente a la sede de la Unidad Regional II y algunos agentes abandonaron sus funciones, dejando móviles sin custodia. No obstante, aseguró que el servicio de patrullaje continúa funcionando con normalidad.
Cococcioni reconoció que el pedido de mejoras salariales es legítimo, y subrayó que todo agente que cumpla adecuadamente su rol y haya contribuido a la disminución de la violencia seguirá contando con respaldo institucional. Sin embargo, advirtió que el reclamo fue aprovechado por personas vinculadas a sectores desplazados de la fuerza, algunos de ellos relacionados con hechos graves de corrupción cuyos responsables actualmente se encuentran detenidos.
“Manipular a la Policía para socavar la política de seguridad es una frontera que no vamos a cruzar”, remarcó. En ese sentido, informó que el jefe de Policía ya puso en marcha los procedimientos administrativos correspondientes, con intervención de la Subsecretaría de Control. Los agentes separados fueron apartados de sus funciones con retiro del arma reglamentaria y del chaleco antibalas.
De manera paralela, indicó que las autoridades provinciales trabajan de forma conjunta con el Ministerio Público de la Acusación para avanzar en la investigación de posibles delitos cometidos tanto por algunos efectivos como por grupos externos, que no aceptan haber perdido espacios de influencia y privilegios.