El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 resolvió dejar sin vigencia el decreto del Poder Ejecutivo que había paralizado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución, firmada por el juez Martín Cormick, obliga al Gobierno nacional a implementar de manera inmediata los incrementos salariales para docentes y no docentes, así como la actualización de las becas destinadas a estudiantes.
En su fallo, el magistrado señaló que existe una obligación concreta por parte del Estado, derivada del proceso legislativo que incluyó el veto presidencial a la norma y su posterior ratificación por ambas cámaras del Congreso. En ese marco, subrayó que el deterioro de los salarios no solo afecta a los trabajadores del sistema universitario, sino que impacta directamente en el derecho constitucional a enseñar y aprender, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional.
La presentación judicial se originó luego de que el Congreso insistiera con la ley tras el veto del presidente Javier Milei, alcanzando la mayoría necesaria, pero su aplicación quedara nuevamente suspendida mediante un decreto. Cormick sostuvo que, en una evaluación inicial, la voluntad del Poder Legislativo debe primar sobre cualquier intento de suspensión administrativa, ya que la Constitución no contempla ese mecanismo.
El juez también cuestionó el sustento legal del decreto, basado en una disposición de la Ley 24.629 vinculada a la exigencia de financiamiento específico para nuevos gastos. Según argumentó, una norma de jerarquía inferior no puede contradecir un mandato constitucional expreso.
Por último, el magistrado descartó que la medida judicial genere daños irreversibles, al tratarse de una decisión provisoria que puede ajustarse según el desarrollo del debate presupuestario. La suspensión del decreto se mantendrá hasta que exista una resolución definitiva del caso, bajo el resguardo de una caución juratoria, en respeto al principio de división de poderes.