El Gobierno nacional busca avanzar con una reforma que introduce modificaciones en distintas normas vinculadas a la propiedad privada, el acceso a tierras rurales y el manejo de áreas afectadas por incendios. La iniciativa, sin embargo, no logró obtener este jueves la aprobación del Senado y continuará siendo debatida en una próxima sesión prevista para el 6 de agosto, luego de que el oficialismo solicitara un cuarto intermedio ante la falta de consenso.
Entre los puntos centrales del proyecto figura la actualización del régimen que regula la tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros. La propuesta modifica la Ley 26.737, que fue sancionada en 2011 para establecer límites a la compra de estos inmuebles por personas o empresas extranjeras. Si bien esa norma había sido derogada mediante el DNU 70/23, una medida judicial suspendió la aplicación de ese artículo y la legislación continuó vigente.
La reforma elimina varios de los topes que actualmente restringen la adquisición de tierras rurales. De aprobarse, la prohibición quedaría limitada únicamente a Estados extranjeros, mientras que personas físicas y compañías privadas de otros países podrían acceder a estos inmuebles sin las restricciones que existen en la actualidad, salvo excepciones previstas por la normativa.
Otro de los aspectos incluidos en el proyecto apunta a modificar la Ley de Manejo del Fuego. La iniciativa propone eliminar los artículos que impiden cambiar durante 60 años el uso de superficies afectadas por incendios en bosques, humedales y áreas naturales protegidas, además de derogar la restricción de 30 años que rige para campos productivos, pastizales y otras zonas rurales.
Desde el Ejecutivo sostienen que estos cambios buscan compatibilizar el derecho de propiedad con la protección ambiental, reforzando las medidas preventivas y la obligación de recomponer los daños ocasionados. Sin embargo, distintos sectores cuestionan esa postura y remarcan que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego sufrió una importante reducción presupuestaria en los últimos años.
La propuesta también amplía la autonomía de las provincias para definir políticas vinculadas al uso del suelo y la administración de estos recursos. Actualmente, la legislación establece que hasta el 15% de las tierras rurales de cada jurisdicción puede quedar en manos extranjeras, además de fijar límites sobre la superficie máxima que puede adquirir un mismo titular.
Aunque a nivel nacional el porcentaje de tierras rurales pertenecientes a extranjeros ronda el 5%, existen departamentos donde esa participación supera ampliamente los límites previstos por la ley. Uno de los casos mencionados es el departamento Lácar, en Neuquén, donde la propiedad extranjera alcanza alrededor del 54% de la superficie.
Además de eliminar los topes actuales, el proyecto permitiría una mayor participación de compradores extranjeros en zonas consideradas estratégicas, como áreas cercanas a cursos de agua, bosques nativos y regiones fronterizas, además de suprimir el límite de mil hectáreas vigente para la denominada zona núcleo.