A cinco meses de la tragedia climática que golpeó la ciudad, la falta de presupuesto nacional para las obras sigue siendo una deuda.
El reclamo recae en el nulo apoyo económico para obra pública y en la ejecución parcial del dinero que a través del decreto 238/2025 el gobierno nacional prometió para las familias de la ciudad afectada. Con ese decreto Javier Milei justificó el veto de la ley de emergencia para Bahía Blanca y evitó así asignar un sólo centavo a obra pública.
“Ellos vetaron la ley para recomponer la ciudad y nunca mostraron el saldo bancario de 400 mil millones de pesos, que es el compromiso que tomaron. Nunca quedó acreditado que hayan puesto más de 100 mil millones. La Provincia ya puso más de 400 mil millones y estamos licitando, ya se inició la licitación de hecho, de la obra que va a mejorar y resolver el problema de Bahía Blanca que es la obra que triplicará el tamaño del Maldonado”, expresó el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Gabriel Katopodis.
Por el lado del gobierno provincial, aseguran que las cuentas no cierran incluso por más dinero: a través de Boletín Oficial indicaron que la ayuda fue dada a 32.076 damnificados. Si bien el subsidio puede oscilar entre dos o tres millones de pesos según el caso, haciendo la cuenta de esa cantidad de damnificados subsidiados por el tope máximo de tres millones para cada uno, no se alcanzan los 100 mil millones. Es decir, para el gobierno provincial, esos 200 mil millones nunca se terminarán de asignar.
Habitantes de la localidad de Ingeniero White, ubicada a las afueras de Bahía Blanca, llevan mucho tiempo en la desesperación. El 25 de junio realizaron un corte en la Ruta 3 para reclamar que casi 4.000 personas aún no cobraron el subsidio. Ese día, además, muchas familias reclamaron en medios nacionales la crueldad en los requisitos para poder pedir el apoyo económico como, por ejemplo, el número de medidor de la compañía de electricidad que muchas familias al vivir en estado de precariedad no tiene, razón por la que ni siquiera pudieron pedir la ayuda al Estado. Como sucede casi siempre frente a la falta de respuesta de un gobierno, los que sufren son los ciudadanos.
La inundación en Bahía Blanca generó controversia y cruces fuertes entre gobiernos desde el primer día. Tras ausencia y silencios del gobierno nacional, el presidente Javier Milei viajó cinco días después de la inundación. Abucheado por los vecinos vivió momentos de tensión y fue insultado por ciudadanos locales mientras daba declaraciones a la prensa. «¡Vienen por la fotito. Son una manga de caretas! ¡Traé los colchones! ¡No trajeron uno solo!», reclamó uno de los vecinos, a pocos metros del mandatario y su hermana Karina Milei, y agregó: «Vení a escuchar a los vecinos que piden colchones. ¡Cuatro nenes durmiendo en un colchón!».
Javier Milei no viajó solo, y no fue el único. Poco tiempo después, funcionarios libertarios los cuales prometieron, y no cumpllieron. “Venimos a decir que el gobierno nacional, ayer nos informó el ministro de Economía, Toto Caputo, que hemos decidido ampliar la ayuda a todos los comercios, a todas las empresas que están en las zonas inundadas y a todos los depósitos y actividades comerciales que están en zonas inundadas. Tenemos unos 26 mil millones para esto”, aseguró a la prensa la ministra de Seguridad Patricia Bullrich el 7 de mayo. Al día de hoy, este anuncio sólo fue un anuncio.
El reclamo no es sólo presupuestario, también tiene que ver con la voluntad política. Katopodis volvió a hacer énfasis en señalar un crédito que descansa en las arcas del gobierno nacional y debería haber sido ejecutado. Se trata de un préstamo ante el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para llevar adelante el Proyecto de Infraestructura Resiliente al Clima para la Gestión del Riesgo de Inundaciones Urbanas, tal como se expone en el decreto 411/2023. Responde a una suma de 200 millones de dólares que existe desde agosto de 2023 y podría haber sido ejecutado para casos específicos como la tragedia en Bahía Blanca.