Los involucrados pertenecen a la División Antinarcóticos. El episodio tuvo lugar en Colonia Benítez y ocurrió ante la presencia de funcionarios provinciales y autoridades judiciales.
La irregularidad se detectó en un predio de la Policía de la Provincia del Chaco ubicado en Colonia Benítez. La gravedad del caso generó un fuerte impacto, ya que se comprobó que los uniformados implicados integraban el área encargada de combatir el narcotráfico.
El intento de apropiación ilegal se produjo durante un procedimiento oficial y frente a representantes del gobierno provincial. En la quema de estupefacientes se encontraban el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich; el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero; y el juez Mianovich.
Con el objetivo de no ser advertidos, los agentes intentaron esconder parte de la droga, aunque la maniobra fue finalmente detectada por las autoridades responsables del operativo. Los 9 kilos de cocaína que intentaron llevarse tendrían un valor estimado de 225 millones de pesos.
Durante el procedimiento se estaba llevando a cabo la destrucción de tres toneladas de marihuana y 80 kilos de cocaína. En ese contexto, personal del Juzgado Federal N°2 advirtió anomalías al pesar una de las cajas, ya que tras su traslado registraba un peso menor: 8 kilos en lugar de los 9 declarados.
Los imputados son el comisario César Alegre, el subcomisario Andrés Franco Ramírez, el oficial principal Lucas Exequiel Martínez, el sargento Gustavo Jesús Acosta, los cabos Gustavo Andrés Quizama y Néstor Ariel Urne Canteros, y el cabo primero Juan Nicolás Almirón Núñez.
De acuerdo a lo informado por medios locales, el juez Mianovich calificó el accionar de los policías como “patético”. Ante esta situación, el personal judicial dio aviso inmediato a la Fiscalía Federal.
Tras realizar las requisas correspondientes, se hallaron más envoltorios de cocaína ocultos dentro de un móvil policial. Todo el procedimiento quedó documentado y la sustancia fue puesta bajo resguardo de Gendarmería Nacional.
Los efectivos fueron detenidos y formalmente imputados durante una audiencia virtual, con la intervención de la jueza de Garantías Zunilda Niremperger. La investigación quedó a cargo del fiscal federal Patricio Sabadini, junto a la fiscal interina Ruth Hilgenberg.